Muy Grave: Grupo Clarín monta una conspiración contra la fiscal Gils Carbó

Lo cierto es que desde que Alejandra Gils Carbó,  la fiscal General de la Cámara Comercial, firmó el 17 de abril  un dictamen recomendando la nulidad de un viejo Acuerdo Preventivo Extrajudicial de Cablevisión, cuando este todavía no era propiedad de Clarín, su vida se ha convertido en un infierno. Ha recibido 6 pedidos de juicio político y por último una denuncia penal en un Juzgado Federal.

¿Qué es lo que ha hecho Gils Carbó que ha causado tanto ensañamiento por parte de Clarín?

Recomendó la nulidad de un Acuerdo Preventivo iniciado por Cablevisión cuando este era propiedad de Liberty Media. En el medio de ese APE la empresa se vendió a un fondo de inversión extranjero llamado Fintech Advisory (que luego se los vendió a Grupo Clarín). Gils Carbó pide la nulidad del APE, y esto significaría que Liberty debería volver atrás con la venta de la empresa a Fintech. Es decir que en la práctica Grupo Clarín debería devolver una compañía ue en la actualidad ya está fusionada con Multicanal. Las pérdidas económicas para Clarín podrían ser monumentales.

Es por eso que existe tanto interés en destruir a la Fiscal.  Y el último capítulo de este hostigamiento ha sido una ridícula denuncia penal por "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público" en el juzgado federal  número 10 a cargo de Julián Ercolini.

La denuncia presentada por los abogados de Grupo Clarín se basa solamente en una "pericia semiológica", es decir un análisis del discurso y del lenguaje utilizado,  que intenta probar que el dictamen no fue escrito por Gils Carbó sino por los demandantes.

Lo más grave del caso es que el fiscal Jorge Di Lello hizo lugar al pedido de la querella, inició el proceso de instrucción de la causa,  y pidió nuevas pericias oficiales.

edición i consultó a tres abogados prestigiosos y todos manifestaron su sorpresa por la particularidad de la causa. (La reserva de fuentes proviene del pavor que provoca el expresarse públicamente en contra del Grupo) Uno de ellos indicó que no entendía cómo era posible que se iniciara una causa contra una fiscal sólo con una pericia de esas características, "si quisieran probar que existe una relación impropia entre una de las partes y la fiscal deberían pedir otro tipo de pruebas, como cruces telefónicos, o de mails, lo necesario para comprobar la relación, pero no se puede construir un caso con una pericia semiológica sobre tres dictámenes".

Otro indicó que, a priori, la causa le parecía absurda: "es sabido que tanto los jueces como los fiscales tienen empleados, funcionarios judiciales, llamados relatores, cuya tarea es escribir los antecedentes y preparar escritos, luego el juez o el fiscal revisa, corrige y firma. Esto es el procedimiento más normal". El descargo presentado por Alejandra Gils Carbó habla sobre este punto: "todos los magistrados sabemos no escribimos con nuestras propias manos todos nuestros pronunciamientos. Es claro que tal proceder no encuadra en ningún delito, sino que –por el contrario- nuestra estructura institucional permite que un equipo letrado realice la tarea de redactar proyectos bajo la dirección del magistrado titular de la dependencia, quien los corrige, controla y firma. Y es la firma lo que determina su autoría y pertenencia. Esto no es una irregularidad ni una mala práctica siquiera, porque tal esquema de trabajo es el que provee el Estado para que los fiscales y jueces puedan cumplir sus funciones."

El tercer abogado consultado por edición i  agregó otro argumento: "A mí me ha pasado que en un juicio que gané el 50% de los considerandos de la sentencia del juez eran copia textual de nuestro escrito. Esto es algo que comúnmente pasa, y no está mal, un juez o un fiscal pueden hacer suyo un argumento de algunas de las partes. Es una de sus potestades, en el caso del juez defender el argumento que entienda justo y de acuerdo a la ley, en el caso del fiscal el argumento que se condiga con los intereses del Estado y la sociedad.  No conozco las particularidades de este caso,  pero aún cuando la fiscal hubiera copiado textual el texto de la demanda, sería totalmente lícito."

Lo concreto es que los abogados de Grupo Clarín le encargaron a el estudio de Eliseo Verón, Verón & Asociados, un estudio semiológico comparativo entre el dictamen de la fiscal en el caso Cablevisión, con tres dictámenes firmados por la fiscal del año 2003 y 2004 y dos escritos presentados en la causa por los abogados de la parte demandante.

Cabe aclarar que Eliseo Verón fue hasta hace muy poco tiempo, de alguna forma, un empleado de Grupo Clarín ya que era el director del master de periodismo que Clarín dicta junto con la Universidad del San Andrés.

En las 16 páginas de la evaluación de Verón, a las que pudo acceder edición i, se analizan ítems como el "carácter ideológico", "el estilo taxativo",  las "preguntas retóricas", y las "marcas estilísticas complementarias". Todo el estudio apunta a encontrar diferencias entre los dictámenes antiguos de Carbó con el presentado en Cablevisión y a hallar similitudes de este con los escritos de los abogados.

Finaliza concluyendo que es "altamente improbable" que el autor-enunciador del dictamen de Cablevisión sea el mismo que el de los anteriores dictámenes. Y complementa diciendo que el autor-enunciador "puede ser el mismo" que el de los escritos de los abogados, "pero el análisis no aporta una prueba concluyente de ello".

Con esta prueba, parcial, no definitoria, apelable y además improcedente es que Grupo Clarín presentó una denuncia penal contra una Fiscal de Cámara. Más grave aún es que el fiscal Di Lello haya aceptado la prueba y pedido más pericias sobre los mismos textos.

Gils Carbó, en su descargo ante Ercolini explica que los dictámenes fueron elegidos arbitrariamente,  que ella ha escrito otros cientos que no fueron tomados en cuenta. En el escrito de Carbó, la fiscal explica los tres dictámenes analizados por el estudio semiológico pertenecen a una etapa en la cual ella actuaba como fiscal subrogante, por lo que mantenía la doctrina del funcionario anterior.

Cuando fue nombrada titular de la Fiscalía cambió la doctrina: " a esta segunda etapa corresponden una serie de dictámenes concordantes con los conceptos por mí vertidos en el dictamen de Cablevisión SA del 27-4-07, que el querellante ha omitido llanamente, pues ha elegido para el estudio comparativo tres dictámenes del año 2004."

Luego Gils Carbó aporta una larga lista de dictámenes, 42 exactamente, en los cuales se repiten los argumentos, el estilo y las formas que se pueden encontrar en el escrito de Cablevisión cuestionado por los abogados de Clarín. El descargo presentado a Ercolini estaba acompañado por un extenso anexo con los 42 escritos de Carbó, en los cuales estaban detallados los párrafos enteros que aparecen textualmente repetidos en el dictamen de Cablevisión. Sin embargo el Juez Ercolini no miró la prueba presentada o prefirió ignorarla.

Resumiendo,

•  Clarín presentó una denuncia penal basada en una pericia que no  que no es definitoria por su naturaleza, que incluso no aporta seguridades, el dictamen de Verón habla de "altamente improbable", de "puede ser".

•  Los escritos tomados para hacer la comparación fueron elegidos en forma arbitraria. No se tomaron en cuenta los que presentó Gils Carbó en su descargo y que demuestran una coherencia de "estilo".

•  Ni el juez ni el fiscal encargaron nueva prueba para probar la tesis de los acusadores: que la fiscal tendría relación y trabajaría en conjunto con los abogados demandantes en la causa de Cablevisión.

•  No se tiene en cuenta que es una práctica común en todos los estamentos judiciales que los magistrados no escriben todos los textos que salen con su firma. La autoría la determina la firma, no el estilo. Y el dictamen de Gils Carbó sobre Cablevisión estaba debidamente firmado.

•  Tampoco se toma en cuenta que si fuera el caso de que el dictamen de la Fiscal General sobre Cablevisión hubiera conceptos y párrafos iguales a los que presentaron los abogados demandantes, esto sería lícito. El fiscal puede constituirse en parte si entiende que están en juego los intereses del Estado y la Sociedad, y podría tomar los argumentos de una de las partes, haciéndolos suyos. Igualmente esto no ocurre o al menos no ha podido ser comprobado por la pericia de Eliseo Verón.

•  Si esta causa prosperara se podría sentar una jurisprudencia ridícula, sobre la cual cualquier ciudadano disconforme con una sentencia podría abrir un proceso penal en base a pericias semiológicas argumentando que su sentencia no la escribió el juez, sino cualquier otro.

¿Qué explicaciones se pueden encontrar a esta ridícula causa montada por Clarín?

El caso podría estar demostrando un nerviosismo peligroso en los hombres del multimedio. Esto  plausible dado que hace un par de semanas Grupo Clarín ha salido a la bolsa con el objetivo de colocar acciones por el 20% de su capital, con lo que esperaba recaudar US$ 530 millones. Una parte de esas acciones serían las que pertenercen al grupo de inversión Goldman Sachs, mientras que la otra porción sería para pagarle al fondo Fintech por la adquisición de Cablevisión. En el mercado habría algún reparo para la compra de las acciones por el hecho de que la fusión de Multicanal y Cablevisión todavía no fue autorizada por el Gobierno y porque existe todavía este proceso judicial que podría complicarla.