DEL SAN MARTÍN AL ALBARIÑO

Cristina no consigue resolver las ocupaciones ilegales

Más inflación, más pobreza. No hay enfoque 'progresista' posible. Y muchos menos voluntarista. Cristina Fernández sólo ha intentado negarlo, aceptando que el INdEC 'truche' índices hasta que la situación explotó. Empleados de la línea San Martín iniciaron un paro repudiando el nuevo asentamiento a metros de las vías.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24). Hace algunos días, unas 150 familias de la Villa 31 se encuentran acampando en las inmediaciones de las vías del tren San Martín. Mientras tanto, los trabajadores del Ferrocarril, que une las estaciones Retiro - Pilar, anunciaron un paro ante los peligros que genera la situación.

 
Los trabajadores conductores de trenes de la línea San Martín, agrupados en el sindicato La Fraternidad, iniciaron un paro de actividades ante la "falta de garantías" provocada, según dijeron, por la ocupación que decenas de familias realizan en un predio cercano a las vías en la zona de Retiro.
 
Los maquinistas temen accidentes que puedan complicarlos y consideran que no se puede asumir el riesgo de hacer pasar las formaciones por un predio ocupado.
 
El secretario de prensa del gremio, Horacio Caminos, señaló que como consecuencia del acampe "se empezaron a generar situaciones de mucho nervio" entre los usuarios y consideró que "nunca se ha hecho una cosa de estas características para pedir una vivienda".
 
Aclaró que con el paro la intención "no es provocarle angustia a los usuarios del tren" sino más bien es una medida "por precaución" ante posibles complicaciones. Evaluó además que "no hay espontaneidad" en este tipo de situaciones.
 
La medida de fuerza de los maquinistas -que comenzó a la 1:00 del sábado 18/12-, fue en respuesta a la "invasión de la zona operativa" que protagonizan familias sin viviendas.
 
El paro se extenderá durante toda la jornada, informó la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE), a cargo de la concesión de la línea. 
 
En tanto, el jefe de gabinete porteño, Horacio Rodríguez Larreta, reclamó el cumplimiento del fallo judicial de Daniel Rafecas, que ordenó el "desalojo pacífico" del club Albariño, en villa Lugano.
 
Larreta afirmó que las personas establecidas en el predio son "más violentas" que las que permanecieron durante más de una semana en el Parque Indoamericano. 
 
Si la Justicia decide el desalojo, "el Estado lo tiene que ejecutar", comentó Rodríguez Larreta a radio Mitre.
 
Durante la tarde del viernes 17/12, un grupo de jóvenes enardecidos vecinos de Lugano arrojó piedras, botellas y otros elementos contundentes contra las personas establecidas en el lugar, quienes respondieron el ataque y todo ante la pasividad de los efectivos de la Policía Federal dispuestos en la zona: 1 agente policial, el periodista Julio Bazán (TN), y 1 vecino sufrieron contusiones y heridas leves.
 
En el caso de la toma del Club Albariño, se enfrenta a un dilema de compleja resolución. Los ocupantes se niegan a iniciar un diálogo y el juez Daniel Rafecas ordenó el martes 14/12 un desalojo pacífico.
 
En tanto la ministro de Seguridad, Nilda Garré, luego de consultar con Rafecas, ordenó a la Policía Federal que forme un perímetro para evitar incidentes con los vecinos que se enfrentan por el terreno. Sin embargo, igual ocurrieron los incidentes y sigue la ocupación ilegal. 
 
Además, y pese al pedido de Rafecas, sigue abierto el camino que separa el predio ocupado del Club Albariño de Ciudad Oculta, desde ingresan materiales de construcción para levantar viviendas precarias en el terreno tomado. 
 
Es discutible la lógica de Rafecas: “Ahí nomás está la Ciudad Oculta. Si la policía actúa corremos el riesgo de que haya heridos o muertos. Además, si se desaloja el predio al otro día la gente va a querer volver a entrar”.
 
Pero los ocupantes no aceptan el diálogo: “Lo único que quieren es quedarse ahí. Nada más. Es gente inorgánica (N. de la R.: no tienen 'punteros') que no acepta conducción política”.
 
En la Justicia crece la preocupación ante la irresolución del caso. 
 
El juzgado de Rafecas dice que algunos ocupantes del Albariño son gente que ya participó de otras tomas y que sabe como manejarse en estas situaciones: llevaron niños al lugar e intentan construir rápidamente viviendas precarias para mostrar que se quedarán allí como sea.
 
Al caso de la toma de tierras en el club de Lugano se suma el de v arios predios que se ocuparon en la Villa 31. 
 
En este caso, pertenecen a los gobiernos nacional y bonaerense, y a varias concesionarias de los trenes, que radicaron un denuncia sobre el tema, pero lo hicieron en un juzgado porteño que pasó la responsabilidad al fuero federal. 
 
En tanto, siguen ocupados los 8 terrenos tomados en Quilmes entre el domingo 12/12 y el miércoles 15/12, mientras el Municipio negocia para que desalojen las tierras en forma voluntaria. 
 
Con la llegada de los 120 agentes de Gendarmería que había pedido la Comuna para evitar que siguieran las ocupaciones, no hubo nuevas usurpaciones.
 
Además de 16 hectáreas del frigorífico Finexcor, donde se instalaron 500 familias, permanecen ocupados otros 7 predios más chicos en Quilmes, Bernal Oeste y Solano.
 
Las autoridades municipales estiman que hay en total 1.000 familias asentadas pero aún no se concretó un relevamiento.
 
Según la secretaria de Desarrollo Social local, Valeria Isla, y la secretaria de Obras Públicas, Roxana González, “El relevamiento no garantiza el acceso a una vivienda . La condición para acceder a un plan es el desalojo”.
 
Un tema central en las ocupaciones es el precio de los alquileres en los asentamientos: entre $ 800 y $ 1.200 por una vivienda precaria, a veces una pieza en el que vive una familia entera. 
 
1 año atrás alquilar la misma pieza tenía un precio máximo de $ 350: hay en marcha un próspero negocio inmobiliario, manejado por quienes construyen pisos sobre pisos, lotean terrenos ocupados y se aprovechan de las necesidades ajenas. 
 
Luego, ocurre una inflación elevada, que golpea más a los más humildes.
 
Datos de un relevamiento de la consultora M&S (Carlos Melconian y Rodolfo Santángelo) afirman que en los últimos 12 meses, el precio del pan aumentó casi 30%; el azúcar, 63%; los lácteos, 35% y la carne 90%. 
 
Más inflación, más pobreza. No hay enfoque 'progresista' posible. Y muchos menos voluntarista.
 
Cristina Fernández sólo ha intentado negarlo, aceptando que el INdEC 'truchara' índices hasta que la situación explotó.

El debate no cesa. El progresismo reclama fallos judiciales a favor de los ocupantes ilegales que resultan una legitimación de las viviendas precarias con la marginalidad que conlleva la organización social emergente.

Del otro lado, hay lógicas reivindicaciones del Derecho tanto público como privado, pero que a su vez no contempla una situación social desbordada en un Estado ausente y que ha renunciado a ejercer su autoridad (un Estado suicida, diría Thomas Hobbes). Y todo esto ocurre cerca de la Nochebuena/Navidad...

En el blog Seminario de Teoría Constitucional y Filosofía Política, Roberto Gargarella escribió una visión a favor de la ocupación ilegal:

"La historia contemporánea de la judicialización de los derechos sociales cambió a partir de una decisión judicial, que se produjo a partir de...la ocupación de tierras (y un contexto bastante similar al argentino).

La decisión citada apareció en Sudáfrica, en el caso "Grootboom." El caso involucró a Irene Grootboom y otros ocupantes de tierras en la provincia de Western Cape. Dada las condiciones de vida cercanas a la miseria, y las varias inacciones indebidas del Estado (los ocupantes, como en la Argentina, habían aplicado por vivienda pública, sin suerte y sin respuestas públicas, durante muchos años), los protagonistas del caso comenzaron a ocupar tierras de propiedad privada. El propietario de los terrenos llevó el caso a los tribunales en diciembre de 1998, y el tribunal resolvió la remoción de los ocupantes.

Sin embargo, los ocupantes decidieron permanecer en su lugar, y por ello el Estado avanzó contra ellos, destruyendo muchas de las casillas instaladas, en mayo de 1999. Finalmente, el caso llegó a la Corte Constitucional, en mayo del 2000, a partir de la demanda de los ocupantes, que citaron en su favor algunas cláusulas de la Constitución sudafricana, referidas a las obligaciones del Estado para tomar medidas legislativas razonables para asegurar la realización progresiva del derecho a la vivienda digna (sec. 26 de la Constitución), y a los derechos de los niños a contar con un lugar que los abrigue (sec. 28).

En su histórica -a la vez que simple y modesta- decisión, la Corte Constitucional sudafricana se preguntó si eran razonables las medidas tomadas por el Estado en la ocasión, a los efectos de hacer aplicable la sección 26 citada. En su conclusión, dijo que el Estado NO había cumplido con sus obligaciones de asegurar vivienda digna a los residentes. Afirmó también que, dado que el programa de viviendas estatal no contenía disposiciones destinadas a aliviar la suerte de los apelantes, sus respuestas no podían considerarse razonables. Él estaba obligado, en cambio, a proveer la "infraestructura legislativa y administrativa" capaz de asegurar el acceso a la vivienda "en una base coordinada y programática, sujeta a los recursos disponibles". LA CORTE CONDENÓ LA REMOCIÓN DE LOS OCUPANTES que, conforme sostuvo en su opinión, se había llevado a cabo en forma que violaba las obligaciones constitucionales del Estado. La Constitución -mantuvo la Corte- "obliga al Estado a actuar positivamente para mejorar (las condiciones de vivienda" de los grupos desaventajados" (igualito que la Constitución nacional argentina y la Constitución de la Ciudad).

La decisión fue mundialmente conmovedora (para citar una pequeña anécdota, luego del caso, Cass Sunstein cambió décadas de pensamiento propio en la materia, y adoptó una posición más favorable al "enforcement judicial" de estos derechos sociales). La justicia demostró entonces que:

a) la ocupación de tierras no era un mero caso de derecho civil/derecho de propiedad, que debía concluir con la tradicional exclusión a la fuerza de los ocupantes
b) el poder judicial tenía mucho por decir y hacer en la materia
c) lo declarado socialmente por la Constitución no era "mera poesía"
d) se podía tomar una decisión judicial pro-activa sin imponerle un plan al legislativo, u ocupar su lugar (y así violar sus limitaciones, en términos de lo que puede hacer, dada su restringida legitimidad democrática)

Allora?"

Sin embargo, uno de los lectores le respondió, en forma contundente:

"Dr. Gargarella,

Con todo el respeto del mundo por sus concepciones filosoficas y de igualdad me atrevo a disentir con sus postulados.

A mí me ha tocado muy de cerca el tema de las usurpaciones (siendo abogado) y debo señalar, sin temor a equivocarme, que en el 90% de los casos los "ocupantes" se tratan de personas que no han cumplido con ningún reclamo de viviendas previo, no han iniciado trámites, no han hecho nada ajustado a derecho.

Como abogado siempre tengo presente lo que dice el art. 14 CN en cuanto a que los derechos se gozan conforme las normas que reglamenten su ejercicio, es decir que hay que respetar la legalidad y cuando esta no da respuestas, recién ahí se podrá optar por vías de hecho e invocar un estado de necesidad justificante de la antijuricidad.

Pero en los casos concretos que conozco (y que son varios) la vía de hecho es el primer paso y con la declamación del "derecho a la vivienda digna" los reclamantes pretenden algo que el resto de los ciudadanos que pagamos impuestos, nos bancamos los trámites, etc. etc. no logramos.

Yo pago un alquiler y trabajo para poder comprarme algún día una casa digna en un lugar que me agrade y que esté dentro de mis posibiliades económicas.

Pero según el mensaje del fallo, debería revisar mis objetivos, ya que me alienta a ocupar un terreno baldío bien ubicado y a partir de allí reclamar por el derecho a una vivienda digna solventada por el Estado.

Creo que es muy facil reclamar igualdad con $ o propiedades ajenas. Y para mí lo que es del Estado, es ajeno: es del Estado, no mío, ni de ninguno de los habitantes de este país.

Me gustaría ver cuantos de los personajes que reclaman por la vivienda digna de los usurpadores, se llevarían a estos a vivir a un depto propio o al menos cederles una parte de su patio...

RG del Sur."

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