PRECIOS EN EL ASCENSOR

Si no hay Acuerdo Social, ¿hay plan B contra la inflación?

Cristina Fernández planteó un Acuerdo Social como barrera contra la inflación ascendente. Sin embargo, el Acuerdo Social no ha prosperado -Julio De Vido intentó, a la vez, un par de acuerdos sectoriales de escaso impacto sobre la economía total-, y hay motivos para preocuparse por el futuro de los precios. La consultora Management & Fit difundió el siguiente memorando:

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Management & Fit). En los pasados días se han registrado ciertos acontecimientos relevantes. En el plano internacional, se anunció un acuerdo con el Club de París y se solicitó asistencia técnica al FMI para elaborar un nuevo IPC Nacional; mientras que en el ámbito local se intenta relanzar un acuerdo entre empresas y sindicatos para moderar las negociaciones del próximo año. Estas medidas fueron planteadas para normalizar la política económica, resultando un giro inesperado de la estrategia oficial. Sin embargo, hay más dudas que certezas en relación al supuesto cambio.

 
Club de París y FMI
 
Los avances con el Club de París conforman una renovada intención de negociar con las naciones acreedoras, más que un verdadero acuerdo. En vez de buscar una renegociación de la deuda bajo condiciones de tasa de interés y plazos favorables, lo que implicaría una auditoria del FMI por obligaciones legales del propio Club de París, la postura de las autoridades locales consiste en obtener aprobación para realizar pagos semestrales y así cancelar completamente la deuda. 
 
La otra parte de la negociación es un acuerdo por el monto adeudado: la Secretaría de Finanzas sostiene que la deuda con las naciones acreedoras asciende a US$ 5.871 millones, aunque la entidad multilateral afirma que los pasivos son mayores. 
 
No ser auditado por el FMI trae costos: suponiendo que las cifras oficiales son correctas, y que se logra un plazo de 6 años para la amortización completa, se estarían sumando casi US$ 1.000 millones por año a las necesidades financieras del Estado Nacional de corto plazo.
 
Por otra parte, la misión enviada por el FMI a nuestro país se limita únicamente al asesoramiento técnico para elaborar un índice de precios de alcance nacional, y no para realizar la postergada revisión del artículo IV. Ante la inminencia de sanciones por parte del organismo y la determinación de caracterizar las estadísticas argentinas como “no confiables”, el equipo económico decidió pedir ayuda al FMI como forma de ganar tiempo y evitar represalias. 
 
Vale recordar que el INdEC elaboraba un índice de similar cobertura, pero éste fue discontinuado en 2008 al quedar en evidencia las distorsiones estadísticas entre el índice del Gran Buenos Aires y los correspondientes a distintas provincias. 
 
Los problemas del IPC actual no se encuentran en su metodología (si bien se modificó la que se empleó históricamente), sino en las manipulaciones en la carga de datos. En este sentido, consideramos que la misión técnica no solucionará el problema de las mediciones oficiales, en tanto y en cuanto continúen las imputaciones de precios en base a listas consensuadas con cadenas comerciales y no a los precios realmente relevados.
 
Es por ello que consideramos estas decisiones como maniobras tácticas, más que de un cambio de estrategia. El malestar de varias economías desarrolladas hacia nuestro país se incrementó sustancialmente en los últimos años, al punto de que (además de sanciones en el FMI) se llegó a pensar la expulsión de Argentina del G20, uno de los pocos foros internacionales de peso donde se posee representación propia. Cerrar los problemas derivados del default de la deuda con los países centrales (iniciado por las reestructuraciones de 2005 y 2010, junto con el pago al Club de París) y acercarse al FMI fueron medidas con el objetivo de evitar posibles sanciones internacionales, y así salvaguardar la política exterior.
 
Diálogo Social
 
El llamado Diálogo Social es la reedición de un acuerdo entre el Gobierno, los sindicatos y las cámaras empresariales para negociar de forma moderada aumentos de precios y salarios. Es un intento, tal vez el único hasta ahora, de combatir la problemática inflacionaria. Con un incremento de precios en torno al 25% anual y con expectativas del sector privado más cerca del 30%, resulta difícil que los sindicatos no presionen en las paritarias por aumentos similares y que los empresarios no respondan con remarcaciones de productos. De forma preventiva, el Gobierno busca moderar los deseos de distintos sectores para no agravar aún más el problema.
 
¿Cómo podría implementarse el acuerdo? Si bien hasta ahora no hay demasiadas precisiones, es razonable pensar en un esquema de negociaciones sectoriales entre empresas y sindicatos, donde las exigencias salariales se encuentren dentro de bandas aceptadas por las partes. 
 
Frente a expectativas de menor aumento de costos, los empresarios se comprometerían a no remarcar los precios de sus productos por encima de límites convenidos, al margen de situaciones reales que ameriten tales subas. Asimismo, se está pensando en cláusulas gatillo que permitan actualizar los salarios en el caso de que la marcha de la inflación no modifique su tendencia.
 
A pesar del consenso generado por esta medida, la mayoría de los analistas se mantienen escépticos en cuanto a los resultados esperados. Se aducen distintos escollos que enfrenta el relanzamiento del acuerdo, importantes para su éxito. Sin ser exhaustivos, planteamos algunos interrogantes.
 
1) ¿Cómo disminuir la inflación si no se la reconoce cómo un problema? El desconocimiento oficial ha llegado a tal nivel que el propio Informe de Inflación del BCRA no menciona la palabra “inflación”. Si bien el Diálogo Social es un reconocimiento implícito de la problemática, que no se hable de forma abierta no genera confianza en los actores económicos. Y para resolver el problema de precios, que hoy posee tanto o más impulso por la inercia que por la propia política económica, resulta crucial generar confianza.
 
2) ¿Cómo negociar sin un sistema de medición oficial confiable? Ni las cámaras empresariales, ni los sindicatos creen en la inflación oficial. Incluso desde el Gobierno deberían cuestionarse las cifras del INdEC, al observar que la recaudación y el gasto crecen a un ritmo cercano al 30% anual. Frente al descrédito de las estadísticas oficiales, las tres partes deben coincidir en un indicador alternativo en base al cual discutir. Por otra parte, las mediciones alternativas son muy dispares, ya que varían en metodología y alcance. Por otra parte, el FMI colaborará con un índice nuevo, pero éste no estará disponible para el próximo año. Además, nadie asegura que finalicen las manipulaciones en la imputación de los datos. Nuevamente se observa la falta de credibilidad, en este caso en torno a las cifras.
 
3) ¿Alcanza solamente con un acuerdo sindical-empresarial para frenar las expectativas? Si bien es un paso importante, una política de ingresos basada en el Diálogo Social no genera por sí sólo un descenso de la inflación. Para que las expectativas entren en un sendero decreciente es necesario acompañarlas con cambios en la política económica, que hoy por hoy forman parte del problema y no de la solución.
 
4) ¿Cuál es el rol de la política fiscal en el problema de precios? Desde hace ya varios años el superávit fiscal (bien medido) ha venido erosionándose, dado el empeño del Estado de gastar más de lo que recauda. Si bien, como hemos explicado en otras newsletters, parte del gasto se encuentra parcialmente indexado a la dinámica de precios (salarios, jubliaciones, subsidios a servicios públicos, entre los principales), otra parte importante ha estimulado la demanda agregada en un contexto de alto uso de capacidad instalada y crecimiento por encima del potencial. Restablecer el superávit debería ser uno de los objetivos principales de la política fiscal, lo cual no implica necesariamente un congelamiento del gasto o mayores subas impositivas, sino tan sólo lograr que los recursos crezcan más que las erogaciones.
 
5) ¿Qué papel juega el BCRA dentro de este proceso? Para lograr el descenso de la inflación, la política monetaria ocupa un rol central. En vez de convalidar la suba de precios mediante una expansión de dinero similar, el BCRA debería apuntar a lograr objetivos de inflación, de manera similar a lo que sucede en los países de la región (Brasil y Chile son casos paradigmáticos). Controlar las tasas de interés y la oferta de dinero para lograr un sendero descendiente de la inflación, en un período razonable de tiempo para no pagar con una desaceleración brusca (o una recesión), debería ser la estrategia central de la autoridad monetaria.
 
6) Supongamos que se dan todos los pre-requisitos para que el acuerdo funcione, ¿desaparecería la inflación inmediatamente? El problema no se solucionaría de forma automática sino que llevará un tiempo razonable, lo que aumenta la credibilidad necesaria para que la estrategia anti-inflacionaria funcione correctamente. En otras palabras, dado que la inflación va a mantenerse (aunque en trayectoria descendente de ser exitosa), es importante que los agentes económicos confíen en el compromiso gubernamental para lograr la estabilidad de precios.
 
Perspectivas
 
El Gobierno, tras la exitosa reestructuración de la deuda hace algunos meses, ha continuado con sus intentos de reinserción internacional. En poco tiempo anunció no sólo sus intenciones de pagar lo adeudado al Club de París, sino también solicitó al FMI asistencia técnica. Si bien la mayoría de los analistas (no así la opinión política) aprueba la integración local con el mundo, sí se remarcan que los cambios fueron producto de la necesidad (de evitar sanciones) y no de la voluntad. De todas formas, el acercamiento con el resto del mundo debería ser bienvenido.
 
La otra parte del giro de la estrategia oficial consistió en reuniones preliminares para lanzar el Diálogo Social. Este acuerdo de precios y salarios intenta atacar el componente inercial de la inflación, tratando de coordinar a los agentes económicos para lograr un resultado más favorable en términos de equidad distributiva e impacto macroeconómico. 
 
El objetivo, loable en sí mismo, choca con la inexistencia de la inflación en la lista de problemas aceptados por el Gobierno. Ahí radica gran parte de la debilidad del Diálogo Social: la falta de credibilidad. Con un Gobierno que hizo poco en materia anti-inflacionaria, y que incluso manipuló las estadísticas oficiales, la falta de credibilidad es un pasivo importante. Y es ampliamente reconocido que la credibilidad no es algo que se gane rápidamente, sino que lleva tiempo y, sobre todo, políticas consistentes.
 
Por ello consideramos que la concertación de precios y salarios es una muestra más de voluntarismo político que de soluciones concretas, ya que el 2011 encontrará a un Gobierno decidido a mantener el poder con un mayor rango de discrecionalidad en el gasto (por la no-sanción del Presupuesto) y un BCRA que se dedica a sostener el dólar y a convalidar la dinámica de precios, en una especie de “siga-siga” económico. Las soluciones probablemente tendrán que esperar al 2012.

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