INFORME ESPECIAL

Clientelismo, villa y la deuda social

La fundadora y administradora del comedor comunitario Los Piletones, Margarita  Barrientos, denunció hoy (13/12) que "el 80%" de las personas que ocupan el parque  Indoamericano desde el martes último "tiene casa" y tomó ese predio porteño alentado  por "punteros políticos" con la promesa de recibir "subsidios". El caso Mónica Ruejas.

CIUDAD DE BUENOS AIRES (Urgente24) Las declaraciones realizadas esta mañana (13/12) por Margarita Barrientos, fundadora del comedor Los Piletones -lindero a los terrenos ocupados en el parque Indoamericano en Villa Soldati- puso sobre tapete la trama clientelar en la zona, uno de los ejes mafiosos sobre los que se monta el conflicto habitacional y político. 

 
Esta mañána, en diálogo con el periodista Nelson Castro, Barrientos dijo que desde el viernes pasado, decenas de familias que concurren al comedor no reciben alimento porque la usurpación impide la llegada de las donaciones al lugar.
 
"Desde el viernes no podemos darle de comer a los chicos porque nos cortaron la calle  y los camiones no pueden entrar a distribuir las donaciones. El médico tampoco puede  hacerlo", destacó al referirse al conflicto que transcurre a solo 100 metros de la  sede que dirige. Y añadió: "Hoy no podemos dar desayuno porque no tenemos los medios".
 
Barrientos conoce la problemática de la pobreza en la zona desde muy cerca y conoce al detalle la interna que se da en la zona. En este marco, reveló que "el 80 por ciento  de la gente que está tomando el predio tiene casa dentro de la villa". "No tienen cara  ni escrúpulos para hacer lo que están haciendo" en la zona ocupada, dijo.
 
Además dijo que muchos de los delegados de villas y grupos piqueteros como Mónica Ruejas (una delegada del barrio Los Piletones, lindero con el parque Indoamericano),  tienen causas judiciales.
 
Sobre ésta última, la titular del comedor Los Piletones precisó que esta mujer ya  participó en otro hecho similar ocurrido en el parque Polideportivo durante la gestión  de Aníbal Ibarra. "Ella fue desalojada de ese parque. Rompió todo, lo tomó y lo  dividió para meter gente. Ella es representante de su propio bolsillo, no de Los  Piletones, como dice", cuestionó.
 
La historia de Rueja en Los Piletones tiene larga data: la acusaron en varias  oportunidades es utilizar la representación de Los Piletones en beneficio propio  frente al Instituto de la Vivienda de la Ciudad.
 
* La historia de Los Piletones y el ascenso de Rueja y otros punteros políticos
 
El barrio Los Piletones nació en 1984 cerca del lago aliviador de Soldati, en un sitio  donde se emplazan unos enormes piletones de hormigón que alguna vez sirvieron como  depósito de aguas en tránsito hacia su purificación y posterior consumo en la zona sur  de la Ciudad. Diez años después, la población de Los Piletones creció con los  habitantes desplazados de la Villa 3. En abril de 2006 el Gobierno de la Ciudad  declaró a este barrio y al resto de los existentes en Soldati y Mataderos como “zona  de riesgo sanitario”, advirtiendo sobre un posible colapso de cloacas y desagües.
 
Antes, en el año 1998, mediante la ley 148 se creó la Comisión Coordinadora  Participativa, para el "diagnóstico, propuesta, planificación y seguimiento de la  ejecución de las políticas sociales habitacionales", debiendo garantizar la  "representación vecinal y el adecuado ajuste" de las necesidades de los pobladores.
 
Las elecciones vecinales están reguladas por el artículo 4, por el cual "se integrará  por un representante de cada villa…que haya sido electo en comicios regulares…En  aquellas villas que no tenga regularizada su representación, su integración se  realizará tomando como base la última elección abierta".
 
Por ello, hay personas que tienen en sus manos la decisión y la problemática de cada  uno de esas villas, en relación directa con el gobierno de la ciudad, generando  extorsiones y presiones de quienes manejan el poder dentro de la villa, toda vez que  las minorías no quedan representadas. El uso político es para marchas y  movilizaciones, extorsionando a la gente, por ejemplo, con los planes sociales, por  cuanto es el delegado quien recibe los fondos, donaciones y materiales, siendo el  encargado de distribuirlos entre los beneficiarios.
 
En 2007 los vecinos denunciaron entonces a “un pequeño grupo encabezado por la Sra.  Mónica Ruejas” como único “intermediario” con el Estado. 
 
Ellos suscriben la entrega de subsidios que nunca llegan a la gente, venden  mercaderías que se reciben para paliar el hambre o las envían al interior del país y  derriban las casillas de los que se oponen a estas prácticas.” Así lo dijeron dejaron  sentado en denuncias judiciales Luciano Ramón López (causa Villa 20 contra Instituto  de la Vivienda de la CABA sobre Amparo, exp. 12975/0) contra “un grupo de personas que  usurpa la representación barrial en beneficio propio, tanto de la Junta Vecinal como  de la Mutual Flor de Ceibo y de la Federación de Villas, quienes reciben la mayor  parte de los materiales de construcción y los administran caprichosamente en beneficio  propio”.
 
Este poder, encarnado en los presidentes de las juntas vecinales es la base del  negocio de clientelismo político y de manejos turbios y corruptos de los fondos  destinados a los más necesitados. Situaciones de este tipo han sido denunciadas las  Madres de Plaza de Mayo que generaron una querella por la concentración en la entrega  de recursos y ayudas, manejados ilícitamente por quienes debían distribuirlos o como  arma de extorsión.
 
Otra de las que abrieron causas contra Ruejas fueron las Madres de Plaza de Mayo. Dos  que entraron en pugna cuando las Madres comenzaron con los planes de viviendas  subsidiadas por el Estado.
 
Según informa la página Que no se repita, el conflicto entre Madres y Ruejas comenzó  cuando la Asociación liderada por Hebe de Bonafini se presentó a una licitación para  construir viviendas en este barrio, ganándola con un proyecto que ya había  implementado en otro lugar de escasos recursos, como Ciudad Oculta. Las Madres  finalmente ganaron la licitación, con un detalle no menor en su proyecto: se iban a  emplear a los propios habitantes del barrio para la construcción, a quienes además  capacitaba.
 
Al llegar a la villa se encontraron con una situación, aclarada en la querella: Mónica  Ruejas apareció "atribuyéndose una representación que no posee". Quien, además, se ha  "interpuesto entre los habitantes del barrio y los recursos y ayudas que brinda el  Gobierno de la Ciudad". Esta representante no legítima requería, según la querella,  ser ella misma quien designe a los vecinos que iban a trabajar en las obras. Por otro  lado, según la presentación habría reclamado que se le pague un sueldo semanal a ella  y algunas personas cercanas para algunos cargos.
 
Pero todo este conflicto no es nada más que la profunda deuda social con una economía  que casi se duplicó en los últimos veinte años, pero una pobreza alcanza todavía a  tres de cada diez argentinos, según un informe de Ecolatina.
 
Y explica: Cabe notar que esta situación no es la que signa a la historia del país ya  que hasta inicios de los ‘70 este flagelo alcanzaba a sólo uno de cada veinte.
Si bien las transferencias de ingresos a sectores vulnerables permiten paliar tal  adversidad, se debe profundizar la ofensiva para revertir su crecimiento y evitar los  estragos que genera una tasa tan elevada y sostenida en el tiempo (pobreza  estructural). Necesariamente deberían atenderse dos cuestiones: la dinámica de los  precios y las condiciones del mercado laboral.
 
Como se explicó en reiteradas ocasiones, las familias de menores recursos son las más  expuestas al alza de precios, especialmente cuando la suba se concentra en los  alimentos. En un contexto donde los incrementos superan a la recomposición de los  ingresos, se pierde poder adquisitivo y la puja precios-salarios registrados se  dispara, empeorando la situación.

Por su parte, fomentar una elevada creación de empleo implica combatir directamente a  la pobreza. Además, aumentar la formalidad laboral es otro punto fundamental, pues los  salarios no registrados reciben siempre menores ingresos y cobertura social.
A diferencia de la década del ’90, donde el desempleo era una cuestión central,  actualmente el problema urgente es la inflación. Por ello, la implementación de una  política antiinflacionaria sería el puntapié inicial de un proceso genuino de mejora  social. De hecho, en las condiciones que comienza la década una mayor certidumbre en  materia económica impulsaría, por ejemplo, proyectos de inversión impactando  positivamente en el mercado laboral.

La decisión es fundamentalmente política, pero claramente requiere de un consenso  amplio para garantizarla. En países similares (Brasil, Uruguay, Chile) la actividad  crece a un ritmo elevado, con un nivel de inflación controlado y baja desocupación. En  ese contexto mejoran genuinamente la mayoría de los indicadores sociales.
Pueden ser enumeradas otras cuestiones no menos importantes que atañen a la deuda  social, como revertir el déficit educativo y habitacional o fortalecer seriamente las  instituciones. Pero los desafíos vuelven a unificarse sobre el requerimiento de  consenso para definir las prioridades y perseguir mancomunadamente los objetivos  dispuestos.

La oportunidad para la Argentina en la nueva década está abierta. El punto de partida  y el contexto internacional es favorable. Resta que el conjunto de la sociedad se  decida a asumir el compromiso de trabajar para alcanzar un nivel de bienestar superior  en la década que se inicia.
 
Las marchas
 
Además, se van sumando las convocatorias: vecinos de Villa Lugano conovan a la única  movilización en Avenida Argentina y Rucci.
 
En tanto, otros convocan a una marcha en Ruta 3 y Camino de Cintura y exigen la  presencia del intendente en La Matanza, Espinoza.

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