1er. choque de Cristina y el CELS, por la reforma al Consejo de la Magistratura

El Centro de Estudios Legales y Sociales, que preside Horacio Verbitsky, y que ha participado de muchas de las iniciativas del gobierno de Néstor Kirchner, le solicitó a Cristina de Kirchner modificaciones en su proyecto de reforma del Consejo de la Magistratura de la Nación. Ahora le corresponde decidir qué hace a la senadora nacional por Provincia de Bs.As.

Andrea Pochak expuso las objeciones del CELS al proyecto impulsado por la senadora nacional Cristina de Kirchner, presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales.

El proyecto de Cristina de Kirchner se discutirá en horas más, antes de que comience a debatirse el Presupuesto 2006 en el Senado.

La autora del proyecto se quejó: "Algunas imprecisiones rozan la desinformación o la mala fe", y calificó al diario La Nación, que ha cuestionado reiteradamente la iniciativa, de "opositor al Gobierno".

"Cada consejero tiene 8 o 9 asesores con cargos de camaristas. De los futuros 13 miembros el oficialismo tiene sólo 5. Se dice que estamos manipulando las mayorías cuando se necesitan dos tercios para destituir o designar jueces. Mi partido, el PJ, tiene mayoría en la Comisión de Acusación. La minoría política tiene la misma cantidad de representantes que la mayoría", dijo Cristina.

El cuestionamiento de los colaboradores de Cristina al CELS es que sus propuestas en este tema, coinciden con las de organizaciones de abogados comprometidos con 'la dictadura'.

Sin embargo, Pochak sostuvo que el proyecto no mejora la administración de justicia, ni agiliza su funcionamiento.

Ella señaló que todo seguirá funcionando por el sistema de plenario, lo que no modifica los tiempos del cuerpo.

Y que, a diferencia de la propuesta de reducción de la Corte Suprema, que en ese caso agilizaría su funcionamiento ya que las sentencias son giradas a cada integrante, en el Consejo su reducción no cambiaba nada ya todo seguiría al ritmo del plenario.

"Este proyecto no ataca el corporativismo. Este proyecto no avanza en romper las lógicas del Poder Judicial", dijo la representante del CELS.

Subrayó que, al darle al Poder Judicial las atribuciones de las cuestiones administrativas, se afianza el corporativismo que se denuncia.

La senadora Cristina reaccionó muy mal con las críticas del CELS.

Y más que estuvieran en boca de otra mujer, aparentemente más preparada que ella. Entonces, decidió interrumpir a Pochak hasta la exasperación.

La representante del CELS dijo: "Se entiende que si lo que importa es modificar la composición numérica, entonces se explica el apuro".

Cristina respondió que, dado que las elecciones de los estamentos de los abogados y de los jueces se realizan en noviembre de 2006 y como el proceso lleva sus meses, el proyecto debe ser ley, a más tardar en mayo del 2006.

"Yo no voy a Diputados a pedir la palabra en las comisiones", le dijo Fernández de Kirchner a la diputada Marcela Rodríguez, representante del ARI en el Consejo, quien intentó participar del debate.

Pero lo cierto es que Rodríguez hizo un papel ridículo porque durante todo 2005 apoyó absolutamente todas las iniciativas del 'kirchnerismo' en el Consejo de la Magistratura, y resulta que ahora se puede quedar afuera del cuerpo, por decisión del 'kirchnerismo'.

Es el problema eterno del ARI: no sabe bien a qué juega.

Rodríguez comentó que "la senadora nunca contestó que el oficialismo puede bloquear cualquier acusación o nombramiento, ya que al pasar del 25% al 40% su representación, no hay manera de que los demás integrantes alcancen los dos tercios necesarios".

"El mal funcionamiento que hoy tiene la Justicia no es por los políticos sino por la conducta de los jueces", dijo Cristina.

Pochak: "Desde el CELS no cuestionamos que se les dé mayor representación a los políticos. Por eso no entendemos que se reduzcan los representantes de las segundas minorías".

Las organizaciones civiles criticaron, además, que la iniciativa deja en manos de la Corte el manejo del presupuesto del Poder Judicial, al igual que las facultades reglamentarias, como el régimen de declaraciones juradas de los jueces.

La audiencia terminó con un solo acuerdo: la necesidad de hacer públicas las sesiones de la Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura.

El diario La Nación publica hoy un editorial al respecto, donde afirma:

> "(...) El propósito de los constituyentes de 1994 al crear este órgano fue frenar el poder presidencial cuando se trata de designar los jueces y limitar al poder político a la hora de su enjuiciamiento. Por tal motivo se estableció que la designación y remoción de los magistrados fuera el fruto de un consenso entre representantes políticos, de los jueces y de los profesionales del derecho. Lamentablemente, con la iniciativa apoyada por el oficialismo, parece torcerse aquel rumbo, reservándosele al sector político el control del Consejo".

> "(...) asegurar la independencia del Poder Judicial es la garantía del respeto por los derechos del ciudadano y un requisito esencial para el sostenimiento del sistema democrático. Todo intento que busque eludir cualquiera de las condiciones enunciadas instalará -ante la ausencia de la indispensable seguridad jurídica- un clima poco propicio para atraer inversiones, necesarias para lograr un crecimiento económico sustentable, que ponga fin a los todavía elevados índices de pobreza y desempleo. No menos importante sería, en caso de prosperar la iniciativa de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, el avasallamiento que sufriría el Poder Judicial de la Nación, que quedaría más subordinado al Ejecutivo, rompiendo el sabio equilibrio que establece la Constitución nacional".

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